Nathan Crites-Herren
The Paw Print
La actual controversia entre la CIA y la senadora estadounidense Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado (SSCI, por sus siglas en inglés), hace eco de un incidente poco conocido previo entre la agencia espía y el ex agente de la DEA, Richard Horn, que igualmente acusó a la CIA de espionaje ilegal, manipulación de documentos oficiales y de mentir a partes externas oficiales.
En el caso de Feinstein y el SSCI, la controversia es sobre la investigación de la Comisión del Senado sobre las prácticas de detención e interrogatorio utilizadas bajo la administración Bush en la llamada guerra contra el terrorismo.
La semana pasada, Feinstein, normalmente firme defensora de las agencias de inteligencia del país, atípicamente criticó públicamente a la CIA. Acusó a la agencia y a su principal abogado de espiar ilegalmente al personal del Senado encargado de investigar las prácticas de terrorismo del gobierno de Bush, de tratar de intimidar a la comisión del Senado pidiendo al Departamento de Justicia que investigue a esos mismos empleados sobre la base de lo que ella describe como “información inexacta” proporcionada al Departamento de Justicia, y de eliminar previamente cientos de documentos de las computadoras utilizadas por personal del Senado.
Aunque Feinstein no identificó públicamente al abogado de la CIA acusado de orquestar el presunto ataque contra el personal del Senado -a través de su derivación al Departamento de Justicia- el portavoz de la Casa Blanca Jay Carney confirmó esta semana que fue el Consejero General de la CIA Robert Eatinger.
El personal del Senado estaba utilizando equipos seguros creados por la CIA que les permitía examinar millones de documentos para preparar un informe sobre el programa de terrorismo, detención e interrogatorio -una informe de unas 6 mil páginas aun clasificado supuestamente completado el año pasado. En el corazón del conflicto, de acuerdo con reportes de los medios, un documento descubierto por los empleados del Senado durante su investigación de los expedientes de la CIA supuestamente es bastante perjudicial para el organismo en sus revelaciones sobre la detención y prácticas de interrogatorio.
La CIA alega que los miembros del personal del Senado hachearon ilegalmente las computadoras de la CIA para obtener el documento – creando la base para la solicitud de Eatinger para una investigación criminal del Departamento de Justicia. Los miembros del personal del Senado sostienen que el documento en cuestión estaba contenido en un tesoro de registros puesta a su disposición por la CIA para su investigación -no está claro si a propósito o por accidente.
Irónicamente, el abogado de la CIA Eatinger, el foco de la ira de la senadora Feinstein, estuvo en el centro de algunas de las presuntas violaciones que involucran al programa de detención e interrogatorio de la era Bush. Él era uno de los abogados que aprobaron la “legalidad” para la destrucción de 92 cintas de video de interrogatorios de sospechosos de al -Qaeda.
El caso Horn ofrece un inquietante paralelo a lo que hoy se juega a cabo entre el Comité de Inteligencia del Senado y la CIA. Ambos casos demuestran el daño que se obró cuando la justicia se retrasa y el Congreso no realiza sus funciones de supervisión en aras de avanzar en la conveniencia política.
El caso de Horn fue obstaculizado durante años porque estaba envuelto en virtud de las restricciones nacionales de seguridad -conocido como privilegio de secretos estatales e invocado por la CIA en su caso. El juez en el caso de Horn (un ex miembro del tribunal de la FISA Royce Lamberth) acordó aplicar los privilegios estatales ya que la CIA llevó a la corte a creer que un actor clave en el litigio, el ex jefe de la estación de la CIA en Birmania Arthur Brown, era un agente encubierto con necesidad de protección -cuando, de hecho, su condición encubierta no existió más durante los 15 años de batalla legal de Horn.
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