Oficina de Migración Encubre Matanzas en Juárez

Nathan Crites-Herren
The Paw Print

Un ex informante del gobierno estadounidense que penetró una de las organizaciones narcotraficantes más despiadadas en México ha presentado una multimillonaria demanda en contra de un grupo de fiscales y agentes federales así como varios alguaciles y funcionarios de prisiones por supuesto comportamiento consagratorio para violar sus derechos civiles.
El denunciante, Guillermo Eduardo Ramírez Peyró, es un ex policía federal mexicano que trabajó para un importante teniente (Humberto Santillán Tabares) de la organización narcotraficante de Vicente Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, México, a principio de los años 2000.
Como parte de ese trabajo, Ramírez Peyró fue responsable de supervisar la infame Casa de la Muerte, que fue sitio de múltiples torturas y asesinatos. Una decena de cuerpos fueron finalmente hallados enterrados en el jarrón trasero de la casa localizada en la calle Parsioneros 3633 en Ciudad Juárez. Ramírez Peyró fue acusado de asegurar que la casa estuviera abierta cuando Santillán quisiera asesinar a alguien, y también fue responsable de supervisar el entierro de los cuerpos en la casa.
La demanda nombra a unos 35 acusados como participantes en la supuesta conspiración para violar los derechos constitucionales de Ramírez Peyró. estos incluyen ex empleados y empleados actuales de la Oficina de Migración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés). el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Alguaciles y varios otros alguaciles de Texas y Minnesota.
Además, la demanda acusa a algunos de los fiscales estadounidenses más poderosos en Texas de ser parte de la supuesta conspiración.
En sus declaraciones, Ramírez Peyro, afirma que esos fiscales, con la ayuda de otros acusados, como parte de un acuerdo entre las partes, conspiraron para detenerlo por seis años en relación a un encubrimiento diseñado para ocultar su complicidad en los asesinatos de la Casa de la Muerte.
La demanda fue presentada en una corte federal de Nueva York a fines de julio y busca obtener 125 millones de dólares en daños de parte de los acusados en conjunto.
Entre aquellos nombrados en la demanda se encuentra el ex Procurador del Distrito oeste de Texas, Johnny Sutton así como Margret Leachman, ahora jefa de la División Criminal del Distrito oeste; Richard Durbin, ahora primer asistente del Procurador del Distrito oeste; Juanita Fielden, asistente del Procurador del Distrito oeste de la división de El Paso.
El encubrimiento
Luego de que en 2004 fuera expuesta la Casa de la Muerte-próximo a que Santillán apuntara a un agente de la DEA y su familia para ejecutarlos—Ramírez Peyró fue puesto en custodia protegida hasta el verano de 2004—cuando se atentó contra su vida en El Paso, Texas. En ese punto, la demanda afirma, Ramírez Peyró fue puesto en una unidad de detención aislada en Texas “bajo la categoría de testigo presencial” para el juicio de Santillán.
Sin embargo, en abril de 2005, el entonces Procurador de los EEUU Sutton llegó a un acuerdo con el líder de la célula de VCF Santillán, en el cual recibió una sentencia de 25 años y todos los cargos por asesinato fueron eliminados.
Pero, en vez de liberar a Ramírz Peyró, la demanda afirma que los procuradores y agentes lo coaccionaron para permanecer en prisión bajo la amenaza de deportar a su esposa e hijos, quienes tenían visas temporarias para permanecer en los EEUU y que hubieran tenido que enfrentarse a una muerte segura a manos de VCF si fueran enviados de vuelta a México.
En mayo de 2005, después del acuerdo de Sutton con Santillán, el gobierno de los EEUU inició el procedimiento de deportación en contra de Ramírez Peyró, quien también se enfrentaría a una posible tortura y muerte a manos de los asesinos de VCF a su regreso a México.
Durante los cinco años posteriores al acuerdo de Santillán, Ramírez Peyró quedo en prisión por funcionarios estadounidenses mientras se enfrentaba a los procedimientos de deportación. Finalmente, Ramírez prevaleció, y fue liberado en abril de 2010 luego de conseguir un aplazamiento temporal de remoción en la Convención contra la tortura de las Naciones Unidas, debido a la creíble amenaza a su vida en caso de ser deportado a México.
Sin embargo, el juicio actual sostiene que los casi seis años que Ramírez pasó en prisión, la mayoría en aislamiento, fue punitivo y parte de un esfuerzo por encubrir los asesinatos de la Casa de la Muerte al silenciarlo y castigarlo.