PRI y la Censura Estatal del Internet en México cana

Nathan Crites-Herren
The Paw Print

En la iniciativa de leyes secundarias al sector de telecomunicaciones que propuso el Poder Ejecutivo, y que ahora se discute en el Senado de la República, particularmente en los apartados VII y VIII del Artículo 197, donde ordena a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
Un día vas caminando sobre la calle y ves que un policía está golpeando a un joven durante una protesta pública. Le tomas una foto con tu smartphone y la subes a las redes sociales para denunciar el hecho. No eres el único, varios más lo han hecho.
Al poco rato te quedas sin Internet y sin teléfono porque el Gobierno decidió que las imágenes sobre los policías golpeando a un manifestante representa una amenaza para la seguridad nacional y ordenó el interrumpir las comunicaciones en esa área. No hay forma de llamar a una ambulancia en caso de urgencia, los periodistas no tienen forma de comunicar la noticia y los ciudadanos están imposibilitados de mandar algún mensaje a sus familiares.
La preocupación es general, desde la sociedad civil representada en colectivos como Libre Internet para Todos, representantes de la industria de Internet y legisladores en la Cámara de Diputados quienes recibirán la iniciativa una vez que ésta sea aprobada por el Senado.
“Todos somos testigos de las distintas “Primaveras” (movimientos sociales impulsados por jóvenes) y un solo elemento que se repite es la censura y el corte a las telecomunicaciones en eventos masivos. ¿Qué pasaría si la iniciativa se aprueba? Como está planteada, daría pie a cancelar Internet a los ciudadanos, porque los ciudadanos amenazaban seguridad nacional”, explicó Emilio Saldaña, director de Alternativa Digital y miembro del colectivo Libre Internet para Todos.
Luis Fernando García, representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, hizo notar a los senadores durante su participación en el Foro sobre las Leyes Secundarias de la reforma a telecomunicaciones, el viernes pasado, que estas medidas son características de países como Venezuela, Turquía y Ucrania, donde existen bloqueos a la labor periodística y el ejercicio de derechos humanos.
El presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información en la Cámara de Diputados, Juan Pablo Adame Alemán (PAN), comparte esta preocupación.
“Abre la posibilidad de este tipo de escenarios que coartan derechos de libertad de expresión, de información, la privacidad de los usuarios y los principios de neutralidad de la red”, dijo.
A este escenario se suman otra serie de artículos propuestos por el Poder Ejecutivo, como el 189 donde señala una obligación establecida a los concesionarios de telecomunicaciones a “proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad”.
En los artículos 190 y 191 se agrega la obligación de permitir la intervención, por parte del gobierno, de las comunicaciones privadas, mientras que en el 192 obliga a los concesionarios a conservar un registro y control de los usuarios y las comunicaciones efectuadas durante dos años.
El colectivo de activistas digitales ContingenteMX, quien ha denunciado los casos de espionaje electrónico en México, advierte que cualquier funcionario público pueda vigilar a algún ciudadano sin una orden judicial de por medio y sin motivo legal para ello.
Jesús Robles Maloof, miembro de ContingenteMX y Libre Internet para Todos, pidió a los congresistas eliminar toda disposición relativa a la vigilancia electrónica o el limitar estas actividades y el establecimiento de salvaguardas legales pues la iniciativa no protege la privacidad de los usuarios ante una colusión entre autoridades y el crimen organizado, y lacera la libertad de expresión y la protección a periodistas y activistas.